GT Inquilinas Indignadas APMB

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El Grupo de Trabajo Inquilinas Indignadas,de la Asamblea Popular del Barrio de Malasaña,se forma con el objetivo de promover entre nuestras vecinas y en el Movimiento 15M las acciones necesarias hasta conseguir la RETIRADA DE LA REFORMA DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS, que el gobierno pretende imponer mediante Decreto Ley, sin más trámite parlamentario que su aprobación, este mes de septiembre, por el Senado. Apoyamos el Manifiesto que, en contra de dicha reforma, fue suscrito el pasado mes de julio por numerosas asociaciones: la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Asociación Libre de Abogados (ELA), Plataforma por una Vivienda Digna, ATTAC Madrid, Ecologistas en Acción, la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas o el Grupo de Economía-Sol, entre otras.

Este Manifiesto, además de exigir la retirada del Decreto, quiere movilizar a la sociedad con el fin de instar al gobierno a la elaboración de una ley que establezca de forma urgente una política de vivienda pública fundamentalmente de alquiler. Ello es tanto más necesario en el actual contexto de brutal recesión económica y de precariedad a que se está viendo sometida una parte cada vez más creciente de la población. Los poderes públicos tienen la obligación de hacer efectivo el DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNAque la Constitución reconoce en su Artículo 47, así como el Artículo 11 de la Declaración de los Derechos Humanos, ratificada por España el 27/7/1977 y en vigor en 2012.

Para garantizar este derecho RECLAMAMOS EL ALQUILER SOCIAL del enorme stock de viviendas vacías en poder de entidades financieras que han sido recientemente intervenidas por el Estado con dinero público, de forma que ese dinero revierta a la sociedad, en justicia a todas aquellas personas que se ven expuestas a una situación precaria, en vez de que sirva para redondear las cuentas de dividendos de aquellos grupos especuladores que han sido precisamente los causantes de la quiebra económica del país.

NOS OPONEMOS A LA REFORMA DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS porque forma parte de las políticas antisociales del gobierno al estar hecha a medida exclusivamente de los intereses de las entidades financieras e inmobiliarias, con el fin de que puedan dar salida en el mercado de alquiler a la enorme cantidad de viviendas que les es imposible vender. Para ello les concede ventajas fiscales, financieras y legales de todo punto desproporcionadas e injustas, como las destinadas a fomentar las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), que, con una fiscalidad equivalente a las SICAV, deducirán además el 85% sobre las rentas de los alquileres. O exenciones como la del Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes (3% del valor catastral), que queda limitado sólo a aquellos capitales residentes en ¡paraísos fiscales!… Si ya resulta escandaloso su mero reconocimiento en el mismo texto de la Reforma de Ley, lo es aún más el hecho que les abra las puertas a través de dichas SOCIMI, las cuales podrán adquirir viviendas en España con la obligación de dedicarlas al alquilerúnicamente durante tres años, sin que ese plazo sea el de su alquiler efectivo sino desde el momento en son “ofrecidas en arrendamiento”; eso sí, con otras tantas desgravaciones fiscales. Queda claro que esta Reforma de Ley alienta la especulación, tratando de poner a salvo los beneficios de esos grupos financieros en un momento coyuntural de depreciación del precio de la vivienda, liberándoles de todo tipo de cargas y control fiscal,en base a desregular el mercado de alquiler.

Una desregularización que esta Reforma de Ley promueve tambiénrestringiendo los derechos de los arrendatarios favoreciendo a la parte más fuerte, que es siempre la del arrendador. Con este objetivo, reduce la duración de los contratos de cinco a tres años, precarizando aún más las condiciones de la opción de vivir en alquiler con un mínimo de seguridad y permanencia. El arrendador podrá reclamar la vivienda al inquilino para uso propio con sólo notificárselo con dos meses de antelación, el mismo plazo que el inquino tendrá para abandonar la vivienda sin derecho alguno a indemnización. En caso de compraventa de la vivienda o ejecución hipotecaria, el nuevo propietario no tiene obligación de mantener la vigencia del contrato de no estar ésta inscrita en el Registro de la Propiedad, cuyo trámite y costes se verá forzado a asumir el inquilino si quiere tener una mínima seguridad jurídica.

La reforma introduce, además, la liberalización de precios en el mercado del alquiler, ya que cada año el precio del alquiler pasa a ser fijado libremente por el arrendador (no según la subida del IPC, como hasta ahora). Esto condena al inquilino, junto a las medidas anteriores, a una desprotección y permanente incertidumbre respecto a su permanencia en la vivienda, en una “subasta” anual abierta a quien más pueda pujar por ella. Favorece también la creación de una burbuja del mercado del alquiler ante el previsible aumento de la demanda a consecuencia de la actual restricción del crédito en la compra de vivienda. Una vez que las familias han visto cerrada su posibilidad de acceso a la vivienda por esta vía, a los sectores especuladores sólo les queda detraer de las rentas del trabajo la liquidez que ahora les es tan difícil de conseguir tras depredar la mayor parte de los recursos del país, y ello a base de seguir especulando con un derecho básico como es el de la vivienda.

Con todo, lo más sangrante de esta Reforma de Ley y donde muestra más a las claras su insensibilidad social en una situación económica como la actual, es el DESAHUCIO EXPRESS, tal como ha sido llamado en algunos círculos jurídicos. Con él se apuntalan las prerrogativas de los arrendadores a costa de una importante merma de los derechos de las personas inquilinas:

– El desahucio se efectúa una vez abiertas diligencias por impago de alquiler en el plazo de 10 días.

– El inquilino sólo puede contraer un mes (con la normativa anterior dos meses) de deuda por el alquiler. Si paga antes de la celebración del juicio, se reactiva automáticamente el contrato de alquiler, pero la segunda vez que vuelva a impagar, será demandado y desahuciado aunque pretenda saldar la deuda.

Este acortamiento del plazo a diez días que el inquilino tiene para satisfacer la deuda desde el momento en que se abren las diligencias judiciales, el mismo en que se procede al desahucio en caso de no poder hacerlo, ha sido denunciado, además, por sectores jurídicos, por poner en peligro la propia seguridad jurídica del proceso: la indefensión a que puede dar lugar para una de las partes, la del inquilino, ante situaciones, por ejemplo, como el “acoso inmobiliario”; figura que aún carece, precisamente, de tipificación alguna en el Código Penal.

Si el objetivo de esta Reforma de Ley es sacar al mercado de alquilermás de tres millones de pisos vacíos, según estimación recogida en el mismo Decreto, lo hace en realidad añadiendo más opacidad y oportunidades para especular con un bien de primera necesidad y un derecho como es la vivienda. En vez de penalizar fiscalmente a los propietarios de viviendas vacías, que sería la vía de solucionar realmente del problema, hace todo lo contrario, haciendo recaer las consecuencias de lo que se presenta a las claras como unadesregularización del mercado de alquiler sobre la parte más débil del mismo, las personas inquilinas, causándolas un grave perjuicio. BANKIA, actualmente la primera inmobiliaria del país, y otras entidades financieras que han sido también nacionalizadas, tienen con esta Reforma de Ley un nuevo instrumento a su servicio para enjugar las cuentas de sus accionistas. Sin embargo, el gobierno tendría capacidad jurídica, además de toda la legitimidad, de obligarlas a que destinaran su parque de viviendas a un régimen de alquiler social, paliandoy devolviendo a la sociedad siquiera una parte de la enorme cantidad de recursos públicos que están siendo necesarios para su rescate.

El grupo de trabajo Inquilinas Indignadas, además de sumarse a la lucha y movilización contra este Proyecto de Ley, se plantea entre sus objetivos la dignificación del alquiler, la defensa de los derechos de las personas inquilinas y del DERECHO A LA VIVIENDA en general, lo que pasa necesariamente, y más en las actuales circunstancias de precariedad social y económica, por la reivindicación del ALQUILER SOCIAL para todas aquellas personas que lo necesitena través de la creación de un parque de vivienda pública destinado a este fin. Pero, más aún, somos conscientes de que la actual situación de la vivienda no es sólo resultado de unos condicionantes económicos que hayan podido afectarnos a corto plazo, sino que tiene hondas raíces en la propia estructura económica del estado español e incluso, lo que quizá sea más revelador, en una mentalidad tradicionalista y conservadora que, con intereses políticos de por medio, ha privilegiado la vivienda en propiedad sobre la opción del alquiler. La herencia de una sociedad bajo el libre mercado, pero en la que estaban ausentes las libertades, ha propiciado un tipo de capitalismo sin frenos basado en la sumisión y en la aquiescencia de una ciudadanía -si es que se la puede llamar así – clientelar, ignorante de sus derechos y que ha interesado permaneciera despolitizada. El “bienestar” se ha fundado en una sola y única vía: en el acceso privado a unos bienes que, como la vivienda, por ser de primera necesidad, debería haber sido objeto de protección social y fomento público, pero que, por el contrario, se ha convertido en un valor refugio para los escasos ahorros de grandes sectores de una población atenazada por la inseguridad económica y la vulneración de sus derechos. El permanente encarecimiento de la vivienda tiene aquí su raíz, afectando, aún más si cabe, al alquiler, convertido en reducto de insumisos ante esta situación impuesta o en única alternativa, pese a sus precios siempre inasequibles, para aquellos sectores sociales más desprotegidos y con menor poder adquisitivo, de forma que no resulta casual que una sucesión de leyes haya acabado por sumir en una condición de indefensión a las personas inquilinas; reverso de la misma moneda o chantaje de un capitalismo casposo y fundamentalmente basado en la especulación. Frente a ello, se impone una discusión de fondo que revise los modelos urbanístico y de propiedad vigentes, proponiendo alternativas como las que en países de nuestro entorno hacen que el alquiler sea la forma más extendida de acceso a la vivienda; tal serían, por ejemplo, el gravamen sobre viviendas vacías e incluso, llegado el caso, su expropiación, el establecimiento de un canon que fijara el alquiler a precios asequibleso la municipalización del suelo.

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El contacto de este grupo de trabajo es: inquilinasindignadas.dosdemayo@gmail.com

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