Por el DERECHO a la VIVIENDA ¡No a la extorsión de las EMVS por parte del Ayuntamiento de Madrid!

Informe realizado por el GT Inquilinas Indignadas  sobre las EMVS que el Ayuntamiento de Madrid quiere vender: 

Por el DERECHO a la VIVIENDA

¡No a la extorsión de las EMVS por parte del Ayuntamiento de Madrid!

¡Botella especula!
 

En el contexto de creciente indignación social frente al enorme problema de desahucios y la vulneración sistemática de los derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a una vivienda digna, el Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a mostrar su lado más arrogante, especulativo y despreciativo de la ley, vendiendo 130 viviendas del centro de la ciudad, habitadas legalmente, a Renta Corporación, empresa privada cuyo consejero es Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general y número dos del Partido Popular.

El problema es de enorme gravedad, pues las personas que allí residen cuentan con contratos en vigor, en muchos casos sin caducidad definida, suscritos por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid.

El contrato de opción de compra firmado por la EMVS y la empresa Renta Corporación, establece que la compañía compradora tiene de plazo hasta el 18 de diciembre de 2012 para desistir de la compra de los cinco edificios sin perder un euro de los 363.000 ya depositados. Si, por el contrario, desistiera de la compra entre el 18 de diciembre de 2012 y el 18 de enero de 2013, fecha en la que caduca la opción de compra, Renta Corporación perdería el dinero ya entregado, que se encuentra ya depositado en una notaría de Madrid.

Las viviendas han sido vendidas por 21 millones de euros, lo que supondría un buen beneficio para el consistorio, y el realojo de las personas, de avanzada edad en buena parte, en lugares mayoritariamente alejados del centro de la ciudad, ya sea en los PAU de Carabanchel y Vallecas, o en Villaverde.

Estas acciones se enmarcan en la línea de desamortización de la EMVS, que, de cara a su prevista disolución, el Ayuntamiento de Madrid viene llevando a cabo con el traspaso de las viviendas de protección oficial al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) o, como en este caso, siendo vendidas a compradores privados para su especulación, tratando de recapitalizar así las maltrechas arcas del consistorio, esquilmadas por Alberto Ruiz Gallardón durante su etapa en la alcaldía.

De nuevo nos enfrentamos a esa doble moral del Ayuntamiento, pues, mientras dice plantear opciones positivas para mantener la acción social de la EMVS, lo que en realidad está haciendo es paralizar la construcción de viviendas sociales, de tal forma que la EMVS quedará, a partir el año que viene, exclusivamente para gestionar los pisos que tiene en alquiler.

Los inmuebles vendidos fueron comprados por el Ayuntamiento en la década de los 80 y rehabilitados con dinero público. Son, en total, 130 viviendas (117 habitadas en la actualidad) en las que viven, en régimen de alquiler, desde hace más de 20 años, personas en riesgo de exclusión social: ancianos, pensionistas, personas realojadas de diversas demoliciones especulativas anteriores y familias numerosas que, en la mayor parte de los casos, por ser el contrato suscrito con la EMVS del tipo indefinido, no podrían ser desalojadas de sus viviendas; pese al cambio de titular de la propiedad, sobre lo que sus contratos reconocen su derecho prioritario en caso de venta.

En total son cinco inmuebles: dos en Lavapiés, en las calles Embajadores 46 (24 viviendas, valoradas en 3,4 millones de euros) y San Cayetano, números 8 y 10 (52 viviendas, por 7,3 millones de euros); uno en Austrias, en la Carrera de San Francisco (35 viviendas, por 6,7 millones de euros); y otros dos en nuestro barrio de Malasaña, concretamente en la calle Madera, números 26 y 28 (19 viviendas, por 3,5 millones de euros). Este último es un edifico con dos entradas y un gran patio arbolado, protegido por su valor histórico, donde en su día se inspiraron tanto Quevedo como Boccherini y cuya restauración recibió el Premio Nacional de Urbanismo de 1988.

El Grupo de Trabajo Inquilinas Indignadas de la Asamblea Popular del Barrio de Malasaña estuvo visitando a las vecinas afectadas de la calle Madera y comprobó que el edificio se encuentra en perfectas condiciones y que, de hecho, han sido sus residentes los que se han encargado de su conservación.

En general los contratos se han ido renovando cada dos años de manera automática, ya que persisten los motivos por los cuales las viviendas sociales fueron concedidas. La única intervención del Ayuntamiento ha consistido en adecuar el alquiler a la renta del inquilino. Ahora la Administración ha rescindido de manera unilateral contratos legalmente en vigor y ha pedido la primera entrega de llaves a partir del 13 de diciembre de 2012. Hemos comprobado también que, en algunos casos, ni siquiera se ha avisado, como establece la ley, con un mes de antelación, lo que ya da pie a impugnar la medida por su nulidad radical.

La pieza central del esquema de defensa que barajan los abogados de los inquilinos, basándose en la legislación de 1986, se asienta en el argumento de que sus contratos de alquiler mantendrían su carácter de indefinidos siempre que no variasen las condiciones que les hicieron acreedores al derecho a una vivienda social. El Ayuntamiento, por su parte, se arguye su interpretación de la normativa de 1995. En virtud de esta posición, los abogados y los vecinos que han recibido las cartas de desalojo responderán a la EMVS indicando que no abandonarán su hogar y emplazando, tanto al Ayuntamiento como a la empresa Renta Corporación, a romper la opción de compra firmada antes del 18 de diciembre de 2012 o, en caso contrario, interpondrán una querella por “mobbing inmobiliario” y por los daños “físicos y psíquicos” que se les ha ocasionado.

La EMVS está apremiando a todos los vecinos, independientemente de su contrato, para que abandonen sus casas, mediante coacciones e intentando atemorizarles, esgrimiendo falazmente que el nuevo propietario podría modificar las condiciones del contrato de alquiler, lo que, a todas luces, jamás podría ser legal, pues los baremos para actualizarlo habrían de ser los que marca la ley. No obstante, según indica la experiencia, los inquilinos que decidan permanecer en sus casas se hallan en peligro real de que el nuevo propietario trate de desalojarlos de forma menos legal, como viene siendo habitual.

El Grupo de Trabajo Inquilinas Indignadas de la Asamblea Popular del Barrio de Malasaña manifiesta su apoyo y solidaridad con las familias afectadas, mostrando su rechazo a este nuevo caso de corrupción urbanística, atropello y extorsión generado por el Ayuntamiento de Madrid, que vulnera la ley a su antojo, favoreciendo el pelotazo inmobiliario en beneficio de amigos, compañeros de partido y demás tropa especuladora, conocida por su insaciable capacidad de medrar a costa del bienestar y los derechos de la mayoría. Por ello hacemos un llamamiento a la población para que se mantenga alerta y defienda enérgicamente la justicia social y el derecho fundamental a la vivienda.

Grupo de Trabajo Inquilinas Indignadas de la Asamblea Popular del Barrio de Malasaña

Inquilinasindignadas.dosdemayo@gmail.com

http://dosdemayo.tomalosbarrios.net/contacto-inquilinas-indignadas/

2 Comments

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2 Responses to Por el DERECHO a la VIVIENDA ¡No a la extorsión de las EMVS por parte del Ayuntamiento de Madrid!

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  2. Es evidente que gozaban de una situación de favor que dura ya 20 años. La vivienda cuesta la vida, y algunos la tienen casi gratis durante generaciones. Esto estaría bien si no fuera a costa de los demás, de los que se dejan la vida en el empeño.

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