GT Inquilinas Indignadas (APBM): UN RATO ROBANDO Y EL OTRO DESAHUCIANDO

UN RATO ROBANDO Y EL OTRO DESHAUCIANDO

En el contexto de indignación social por los recortes realizados, transfiriendo recursos públicos para enjugar la deuda de las entidades financieras, incrementado por el conocimiento de que la corrupción alcanza al propio gobierno y el partido que lo sustenta, el drama de los desahucios ha llegado a alcanzar un nivel intolerable.

La vulneración sistemática del derecho constitucional a una vivienda digna, primando el beneficio sobre el interés social, avalado por la Administración, en todos los ámbitos, adquiere tintes de escándalo en el local, donde destaca, por su desprecio hacia las personas más necesitadas, el Ayuntamiento de Madrid.

El consistorio capitalino, dirigido con mano de hierro por la Sra. Botella, a la que nadie recuerda haber elegido para el cargo, muestra el rostro más arrogante, especulativo y desdeñoso de la ley, poniendo a la venta 5 edificios,

situados en el centro de la ciudad, de propiedad municipal, pero habitados legalmente por 116 familias, que cuentan con contratos de alquiler en vigor, en muchos casos sin caducidad definida, suscritos por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS).

El pasado 18 de octubre, esta empresa del Ayuntamiento de Madrid llegó a un acuerdo de venta de los inmuebles a Renta Corporación, sociedad pilotada por Ignacio López del Hierro, marido de la Sra. Cospedal, secretaria general y número dos del Partido Popular, una de las personas pertenecientes a la cúpula del mismo, señalada como receptora de abultados sobres del sector del ladrillo.

La operación significaría un ingreso de 21 millones de euros, volatilizados como por ensalmo tan pronto entraran en la caja municipal, absorbidos por la descomunal deuda generada por el tenaz empeño faraónico del actual ministro de Justicia. La estéril componenda, además, conllevaría la deportación de las personas residentes en esas casas, en buena parte de avanzada edad, a lugares alejados como los PAU de Carabanchel y Vallecas, o en Villaverde, con la contrapartida automática de la reducción de soluciones residenciales en los lugares de destino, hurtándolas a las personas más necesitadas de esas zonas.

Ante la respuesta social contra la operación especulativa, Renta Corporación desistió de la compra de las casas, lo que obligó a la Alcaldesa a rectificar y,

en el Pleno Municipal, comprometerse a no vender e iniciar conversaciones con sus habitantes.

Esto no ocurrió y, a día de hoy, ni siquiera quienes debían ver la actualización de su contrato en diciembre, han recibido notificación alguna por parte del Ayuntamiento, ni aún para conocer, según marca la ley, las condiciones de su derecho de compra, o el pago del alquiler del mes de enero, quedando, en un limbo legal, desamparados y acongojados ante un futuro incierto.

En enero, las personas afectadas, acudieron a la EMVS, para pagar su renta mensual y en demanda de diálogo, obteniendo sólo el desprecio como respuesta. Ha quedado así de manifiesto lo que se trata de ocultar mediante un doble lenguaje, que, mientras dice plantear opciones positivas para mantener la acción social de la EMVS, en realidad sólo persigue la desamortización de las mismas, de cara a su disolución. Operación que viene llevando a cabo trasfiriendo las viviendas de protección oficial al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y, como en este caso, intentando colocarlas en manos de especuladores, en un intento quimérico de llenar las arcas del consistorio, esquilmadas por Alberto Ruiz-Gallardón durante su etapa como Alcalde.

Dos de los inmuebles se hallan en Lavapiés, en Embajadores 46 (24 viviendas, valoradas en 3,4 millones de euros); y S. Cayetano, números 8 y 10 (52 viviendas, por 7,3 millones de euros); uno en Austrias, en la Carrera de San Francisco 16 (35 viviendas, por 6,7 millones de euros); y otros dos en Malasaña, en la calle de la Madera 24-26 (19 viviendas, por 3,5 millones de euros), un edifico con dos entradas y un gran patio arbolado, protegido por su valor histórico, donde en su día se inspiró Boccherini y cuya restauración recibió el Premio Nacional de Urbanismo de 1988.

Los inmuebles fueron comprados por el Ayuntamiento en los 80 y rehabilitados con dinero público. En ellos viven, desde hace más de 20 años, personas en riesgo de exclusión social. El 40% lo habita una persona mayor de 70 años, sola; y, el 55%, personas septuagenarias acompañadas. La compra es inviable para la mayor parte. La falta de una respuesta clara por parte del Ayuntamiento, constituye un ensañamiento cruel e innecesario, que les impide desarrollar su vida con normalidad.

El GT Inquilinas Indignadas de la Asamblea Popular del Barrio de Malasaña ha estado visitando a las personas residentes en la calle de la Madera, comprobando que el edificio se encuentra en perfectas condiciones, gracias a que éstas se han ocupado de su conservación. Los contratos, en general, se han ido renovando, automáticamente cada dos años, al persistir los motivos por los que fueron concedidas las viviendas. La única intervención municipal ha sido adecuar el alquiler a la renta del inquilino. Ahora el Ayuntamiento intenta rescindir unilateralmente esos contratos, contraviniendo la Ley y, en varios casos comprobados, sin cumplir siquiera con el requisito del preaviso.

La EMVS sigue intentando atemorizarles y, aunque esgrime falazmente que un nuevo propietario podría modificar las condiciones económicas de sus contratos, algo que contraviene que los baremos de actualización han de ser los marcados legalmente,  las personas que decidan permanecer en sus casas, según indica la experiencia, corren un peligro real de desalojo por los medios que suelen utilizar las inmobiliarias.

Desde el GT Inquilinas Indignadas de la Asamblea Popular del Barrio de Malasaña, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas del atropello y nuestro rechazo frontal a la práctica de la coacción por parte del Ayuntamiento de Madrid, en lo que consideramos un nuevo caso de corrupción, que sólo busca el pelotazo fácil de familiares, correligionarios y demás tropa especuladora, conocida por su insaciable capacidad de medrar a costa del pueblo. Por ello, hacemos un llamamiento a mantenerse alerta y defender enérgicamente la justicia social y el derecho fundamental a una vivienda digna.

¡Basta de chantajes por parte del Ayuntamiento de Madrid!

¡La Botella especula!

Grupo de Trabajo Inquilinas Indignadas (Asamblea Popular del Barrio de Malasaña)

Inquilinasindignadas.dosdemayo@gmail.com

 (Texto consensuado por la APBM;  Malasaña, 2 de Febrero de 2013)

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