Category Archives: GT Inquilinas Indignadas

Toda la información del Grupo de Trabajo «Inquilinas Indignadas» [inquilinasindignadas.dosdemayo@gmail.com]

A continuación podrás leer todos los artículos de este grupo de trabajo:

Nuestra compañera MARISA se queda. PAREMOS DESAHUCIO EN EL BARRIO

El viernes a las 11 estamos convocadas en la C/ Hernán Cortés 7 para parar el desahucio de nuestra vecina Marisa, compañera de asamblea, mil batallas y gran activista por los derechos a una vivienda digna y para todxs.
 
EL VIERNES, IMPIDAMOS SU DESAHUCIO A LAS 11 (mejor un poco antes) EN SU CASA, EN LA CALLE HERNÁN CORTÉS 7.
 (metro Tribunal (L10 y L1))
 
SÍ SE PUEDE
#MARISASEQUEDA
 
 #marisasequeda

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MARISA SE QUEDA y tanto que se queda.

Más de 100 vecinas junto con Marisa hemos conseguido frenar el deshaucio que la propiedad , con otro inmueble vacio en el edificio, queria llevar a cabo sin importarle las circunstancias de Marisa, de su renta abusiva (650 euros por unos pocos metros cuadrados) y sin negociar y apoyar una salida habitacional a nuestra compañera de mil asambleas Marisa.

NO ESTAS SOLA, ya lo sabes.

#MarisaSeQueda

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GT Inquilinas Indignadas: Los inquilinos con la soga al cuello. La nueva Ley de Flexibilización del Alquiler. Contra el derecho a la vivienda

LOS INQUILINOS CON LA SOGA AL CUELLO

LA NUEVA LEY DE FLEXIBILIZACIÓN DEL ALQUILER: CONTRA EL DERECHO A LA VIVIENDA.

El Parlamento ha tramitado finalmente la Ley de fomento y flexibilización del mercado del alquiler, que será aprobada posiblemente durante el mes de marzo. A espaldas y con el desconocimiento de la mayor parte de la ciudadanía, endurece el Proyecto de Ley del Gobierno reduciendo aún más los derechos de los inquilinos, precarizando la vivienda en alquiler con el único objetivo de favorecer a los bancos y demás grupos especuladores, desregulando el mercado de alquiler a fin de que estos entren en el negocio con su enorme stock de pisos sin vender, asegurándoles, como sea, el mayor beneficio, y preparando una nueva burbuja especulativa, ahora en el sector del alquiler.

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GT Inquilinas Indignadas: Comunicado ante la tramitación de la ILP por la dación en pago

El PP ha dado marcha atrás in extremis y ha decidido, manteniendo el circo de apariencia democrática, apoyar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios después de negarse hasta el último momento a tomarla en consideración.

La movilización y la presión ciudadanas que se han mantenido hasta la fecha han sido la clave de esta pequeña victoria, sin embargo  la aceptación de esta iniciativa no supone aceptar su contenido sino autorizar su tramitación y, por tanto, susceptible de cambios.

Conociendo el actuar de  los legisladores y cleptómanos que no nos representan, no dejaremos de movilizarnos hasta conseguir las demandas de mínimos por las que venimos luchando: dación en pago retroactiva, alquiler social en las viviendas vacías que acumulan las entidades bancarias enriquecidas gracias a la estafa financiera, y moratoria de desahucios. Así las cosas hacemos un llamamiento a difundir y participar en las convocatorias a manifestaciones en todo el Estado el día 16 de Febrero, donde exigiremos a los miembros del Congreso que se escuche la voz de la ciudadanía.

 El 16F es absolutamente decisivo que seamos cientos de miles, millones en las calles!

Por el derecho a la vivienda. Contra el genocidio financiero, ¡señalamos a los responsables y exigimos dación en pago retroactiva, alquiler social y stop desahucios ya!

Encuentra la convocatoria en tu ciudad, cartelería y materiales para difusión e impresión en este enlace: http://bit.ly/UlqXwc

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GT Inquilinas Indignadas: Siguen… Un Rato robando y el otro Desahuciando

Tras la intervención hace dos días, en el Congreso de los Diputados, de la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, le ha faltado tiempo al gobierno corrupto para, a través de su brazo ejecutor,  desmantelar, por la fuerza, la #AcampadaBankia de Celenque. Una acción que visibilizaba, desde hace 108 heroicos días, la dramática situación de las víctimas de los criminales financieros, ante la sede de la entidad a la que le corresponde el dudoso honor de encabezar el ránking de los desahuciadores y, ahora, rescatada con el dinero de los recortes sociales.

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GT Inquilinas Indignadas: la PAH lleva al Congreso la ILP sobre la Dación en Pago

#LoQueDiceLaPAHMeRepresenta
#16F a la calle contra el genocidio financiero

Ayer, Ada Colau, en una valiente y cotundente exposición, ha presentado la ILP sobre la dación en pago en el Congreso de los Diputados . Con ella en esa sala estaban el millón de personas que han firmado reclamando el cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna. Ada ha dicho: «La banca es criminal, y no dejaremos de decirlo. Se acabó la impunidad para los responsables del genocidio financiero»

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GT Inquilinas Indignadas (APBM): UN RATO ROBANDO Y EL OTRO DESAHUCIANDO

UN RATO ROBANDO Y EL OTRO DESHAUCIANDO

En el contexto de indignación social por los recortes realizados, transfiriendo recursos públicos para enjugar la deuda de las entidades financieras, incrementado por el conocimiento de que la corrupción alcanza al propio gobierno y el partido que lo sustenta, el drama de los desahucios ha llegado a alcanzar un nivel intolerable.

La vulneración sistemática del derecho constitucional a una vivienda digna, primando el beneficio sobre el interés social, avalado por la Administración, en todos los ámbitos, adquiere tintes de escándalo en el local, donde destaca, por su desprecio hacia las personas más necesitadas, el Ayuntamiento de Madrid.

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El TEDH suspende el desahucio de una mujer y sus hijos que okupaban una vivienda del IVIMA en Madrid

Ante la posible violación de derechos fundamentales recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el tribunal ordenó al Estado español paralizar la expulsión de una mujer y sus dos hijos pequeños que ocupaban una vivienda del Instituto de Vivienda de Madrid.

El pasado 13 de diciembre, a las diez de la mañana, una familia más iba a ser desahuciada de la vivienda en la que residía. Se trata de una mujer de 24 años y sus dos hijos pequeños, que, en situación de exclusión, ocupaban irregularmente una vivienda vacía del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) en la zona de Vallecas desde hace tres años. La familia explica haberse visto en la tesitura de ocupar este piso después de haber solicitado en reiteradas ocasiones a las autoridades competentes una solución habitacional sin obtener ninguna respuesta.

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Por el DERECHO a la VIVIENDA ¡No a la extorsión de las EMVS por parte del Ayuntamiento de Madrid!

Informe realizado por el GT Inquilinas Indignadas  sobre las EMVS que el Ayuntamiento de Madrid quiere vender: 

Por el DERECHO a la VIVIENDA

¡No a la extorsión de las EMVS por parte del Ayuntamiento de Madrid!

¡Botella especula!
 

En el contexto de creciente indignación social frente al enorme problema de desahucios y la vulneración sistemática de los derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a una vivienda digna, el Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a mostrar su lado más arrogante, especulativo y despreciativo de la ley, vendiendo 130 viviendas del centro de la ciudad, habitadas legalmente, a Renta Corporación, empresa privada cuyo consejero es Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general y número dos del Partido Popular.

El problema es de enorme gravedad, pues las personas que allí residen cuentan con contratos en vigor, en muchos casos sin caducidad definida, suscritos por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid.

El contrato de opción de compra firmado por la EMVS y la empresa Renta Corporación, establece que la compañía compradora tiene de plazo hasta el 18 de diciembre de 2012 para desistir de la compra de los cinco edificios sin perder un euro de los 363.000 ya depositados. Si, por el contrario, desistiera de la compra entre el 18 de diciembre de 2012 y el 18 de enero de 2013, fecha en la que caduca la opción de compra, Renta Corporación perdería el dinero ya entregado, que se encuentra ya depositado en una notaría de Madrid.

Las viviendas han sido vendidas por 21 millones de euros, lo que supondría un buen beneficio para el consistorio, y el realojo de las personas, de avanzada edad en buena parte, en lugares mayoritariamente alejados del centro de la ciudad, ya sea en los PAU de Carabanchel y Vallecas, o en Villaverde.

Estas acciones se enmarcan en la línea de desamortización de la EMVS, que, de cara a su prevista disolución, el Ayuntamiento de Madrid viene llevando a cabo con el traspaso de las viviendas de protección oficial al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) o, como en este caso, siendo vendidas a compradores privados para su especulación, tratando de recapitalizar así las maltrechas arcas del consistorio, esquilmadas por Alberto Ruiz Gallardón durante su etapa en la alcaldía.

De nuevo nos enfrentamos a esa doble moral del Ayuntamiento, pues, mientras dice plantear opciones positivas para mantener la acción social de la EMVS, lo que en realidad está haciendo es paralizar la construcción de viviendas sociales, de tal forma que la EMVS quedará, a partir el año que viene, exclusivamente para gestionar los pisos que tiene en alquiler.

Los inmuebles vendidos fueron comprados por el Ayuntamiento en la década de los 80 y rehabilitados con dinero público. Son, en total, 130 viviendas (117 habitadas en la actualidad) en las que viven, en régimen de alquiler, desde hace más de 20 años, personas en riesgo de exclusión social: ancianos, pensionistas, personas realojadas de diversas demoliciones especulativas anteriores y familias numerosas que, en la mayor parte de los casos, por ser el contrato suscrito con la EMVS del tipo indefinido, no podrían ser desalojadas de sus viviendas; pese al cambio de titular de la propiedad, sobre lo que sus contratos reconocen su derecho prioritario en caso de venta.

En total son cinco inmuebles: dos en Lavapiés, en las calles Embajadores 46 (24 viviendas, valoradas en 3,4 millones de euros) y San Cayetano, números 8 y 10 (52 viviendas, por 7,3 millones de euros); uno en Austrias, en la Carrera de San Francisco (35 viviendas, por 6,7 millones de euros); y otros dos en nuestro barrio de Malasaña, concretamente en la calle Madera, números 26 y 28 (19 viviendas, por 3,5 millones de euros). Este último es un edifico con dos entradas y un gran patio arbolado, protegido por su valor histórico, donde en su día se inspiraron tanto Quevedo como Boccherini y cuya restauración recibió el Premio Nacional de Urbanismo de 1988.

El Grupo de Trabajo Inquilinas Indignadas de la Asamblea Popular del Barrio de Malasaña estuvo visitando a las vecinas afectadas de la calle Madera y comprobó que el edificio se encuentra en perfectas condiciones y que, de hecho, han sido sus residentes los que se han encargado de su conservación.

En general los contratos se han ido renovando cada dos años de manera automática, ya que persisten los motivos por los cuales las viviendas sociales fueron concedidas. La única intervención del Ayuntamiento ha consistido en adecuar el alquiler a la renta del inquilino. Ahora la Administración ha rescindido de manera unilateral contratos legalmente en vigor y ha pedido la primera entrega de llaves a partir del 13 de diciembre de 2012. Hemos comprobado también que, en algunos casos, ni siquiera se ha avisado, como establece la ley, con un mes de antelación, lo que ya da pie a impugnar la medida por su nulidad radical.

La pieza central del esquema de defensa que barajan los abogados de los inquilinos, basándose en la legislación de 1986, se asienta en el argumento de que sus contratos de alquiler mantendrían su carácter de indefinidos siempre que no variasen las condiciones que les hicieron acreedores al derecho a una vivienda social. El Ayuntamiento, por su parte, se arguye su interpretación de la normativa de 1995. En virtud de esta posición, los abogados y los vecinos que han recibido las cartas de desalojo responderán a la EMVS indicando que no abandonarán su hogar y emplazando, tanto al Ayuntamiento como a la empresa Renta Corporación, a romper la opción de compra firmada antes del 18 de diciembre de 2012 o, en caso contrario, interpondrán una querella por “mobbing inmobiliario” y por los daños “físicos y psíquicos” que se les ha ocasionado.

La EMVS está apremiando a todos los vecinos, independientemente de su contrato, para que abandonen sus casas, mediante coacciones e intentando atemorizarles, esgrimiendo falazmente que el nuevo propietario podría modificar las condiciones del contrato de alquiler, lo que, a todas luces, jamás podría ser legal, pues los baremos para actualizarlo habrían de ser los que marca la ley. No obstante, según indica la experiencia, los inquilinos que decidan permanecer en sus casas se hallan en peligro real de que el nuevo propietario trate de desalojarlos de forma menos legal, como viene siendo habitual.

El Grupo de Trabajo Inquilinas Indignadas de la Asamblea Popular del Barrio de Malasaña manifiesta su apoyo y solidaridad con las familias afectadas, mostrando su rechazo a este nuevo caso de corrupción urbanística, atropello y extorsión generado por el Ayuntamiento de Madrid, que vulnera la ley a su antojo, favoreciendo el pelotazo inmobiliario en beneficio de amigos, compañeros de partido y demás tropa especuladora, conocida por su insaciable capacidad de medrar a costa del bienestar y los derechos de la mayoría. Por ello hacemos un llamamiento a la población para que se mantenga alerta y defienda enérgicamente la justicia social y el derecho fundamental a la vivienda.

Grupo de Trabajo Inquilinas Indignadas de la Asamblea Popular del Barrio de Malasaña

Inquilinasindignadas.dosdemayo@gmail.com

http://dosdemayo.tomalosbarrios.net/contacto-inquilinas-indignadas/

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GT Inquilinas Indignadas APMB

Puedes contactar con el  GT Inquilinas indignadas de la APBM en este enlace y a través de su correo electrónico.

El Grupo de Trabajo Inquilinas Indignadas,de la Asamblea Popular del Barrio de Malasaña,se forma con el objetivo de promover entre nuestras vecinas y en el Movimiento 15M las acciones necesarias hasta conseguir la RETIRADA DE LA REFORMA DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS, que el gobierno pretende imponer mediante Decreto Ley, sin más trámite parlamentario que su aprobación, este mes de septiembre, por el Senado. Apoyamos el Manifiesto que, en contra de dicha reforma, fue suscrito el pasado mes de julio por numerosas asociaciones: la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Asociación Libre de Abogados (ELA), Plataforma por una Vivienda Digna, ATTAC Madrid, Ecologistas en Acción, la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas o el Grupo de Economía-Sol, entre otras.

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Manifiesto GT Inquilinas Indignadas

El contacto de este grupo de trabajo es: inquilinasindignadas.dosdemayo@gmail.com

El Grupo de Trabajo Inquilinas Indignadas,de la Asamblea Popular del Barrio de Malasaña,se forma con el objetivo de promover entre nuestras vecinas y en el Movimiento 15M las acciones necesarias hasta conseguir la RETIRADA DE LA REFORMA DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS, que el gobierno pretende imponer mediante Decreto Ley, sin más trámite parlamentario que su aprobación, este mes de septiembre, por el Senado. Apoyamos el Manifiesto que, en contra de dicha reforma, fue suscrito el pasado mes de julio por numerosas asociaciones: la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Asociación Libre de Abogados (ELA), Plataforma por una Vivienda Digna, ATTAC Madrid, Ecologistas en Acción, la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas o el Grupo de Economía-Sol, entre otras.

Este Manifiesto, además de exigir la retirada del Decreto, quiere movilizar a la sociedad con el fin de instar al gobierno a la elaboración de una ley que establezca de forma urgente una política de vivienda pública fundamentalmente de alquiler. Ello es tanto más necesario en el actual contexto de brutal recesión económica y de precariedad a que se está viendo sometida una parte cada vez más creciente de la población. Los poderes públicos tienen la obligación de hacer efectivo el DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNAque la Constitución reconoce en su Artículo 47, así como el Artículo 11 de la Declaración de los Derechos Humanos, ratificada por España el 27/7/1977 y en vigor en 2012.

Para garantizar este derecho RECLAMAMOS EL ALQUILER SOCIAL del enorme stock de viviendas vacías en poder de entidades financieras que han sido recientemente intervenidas por el Estado con dinero público, de forma que ese dinero revierta a la sociedad, en justicia a todas aquellas personas que se ven expuestas a una situación precaria, en vez de que sirva para redondear las cuentas de dividendos de aquellos grupos especuladores que han sido precisamente los causantes de la quiebra económica del país.

NOS OPONEMOS A LA REFORMA DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS porque forma parte de las políticas antisociales del gobierno al estar hecha a medida exclusivamente de los intereses de las entidades financieras e inmobiliarias, con el fin de que puedan dar salida en el mercado de alquiler a la enorme cantidad de viviendas que les es imposible vender. Para ello les concede ventajas fiscales, financieras y legales de todo punto desproporcionadas e injustas, como las destinadas a fomentar las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), que, con una fiscalidad equivalente a las SICAV, deducirán además el 85% sobre las rentas de los alquileres. O exenciones como la del Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes (3% del valor catastral), que queda limitado sólo a aquellos capitales residentes en ¡paraísos fiscales!… Si ya resulta escandaloso su mero reconocimiento en el mismo texto de la Reforma de Ley, lo es aún más el hecho que les abra las puertas a través de dichas SOCIMI, las cuales podrán adquirir viviendas en España con la obligación de dedicarlas al alquilerúnicamente durante tres años, sin que ese plazo sea el de su alquiler efectivo sino desde el momento en son “ofrecidas en arrendamiento”; eso sí, con otras tantas desgravaciones fiscales. Queda claro que esta Reforma de Ley alienta la especulación, tratando de poner a salvo los beneficios de esos grupos financieros en un momento coyuntural de depreciación del precio de la vivienda, liberándoles de todo tipo de cargas y control fiscal,en base a desregular el mercado de alquiler.

Una desregularización que esta Reforma de Ley promueve tambiénrestringiendo los derechos de los arrendatarios favoreciendo a la parte más fuerte, que es siempre la del arrendador. Con este objetivo, reduce la duración de los contratos de cinco a tres años, precarizando aún más las condiciones de la opción de vivir en alquiler con un mínimo de seguridad y permanencia. El arrendador podrá reclamar la vivienda al inquilino para uso propio con sólo notificárselo con dos meses de antelación, el mismo plazo que el inquino tendrá para abandonar la vivienda sin derecho alguno a indemnización. En caso de compraventa de la vivienda o ejecución hipotecaria, el nuevo propietario no tiene obligación de mantener la vigencia del contrato de no estar ésta inscrita en el Registro de la Propiedad, cuyo trámite y costes se verá forzado a asumir el inquilino si quiere tener una mínima seguridad jurídica.

La reforma introduce, además, la liberalización de precios en el mercado del alquiler, ya que cada año el precio del alquiler pasa a ser fijado libremente por el arrendador (no según la subida del IPC, como hasta ahora). Esto condena al inquilino, junto a las medidas anteriores, a una desprotección y permanente incertidumbre respecto a su permanencia en la vivienda, en una “subasta” anual abierta a quien más pueda pujar por ella. Favorece también la creación de una burbuja del mercado del alquiler ante el previsible aumento de la demanda a consecuencia de la actual restricción del crédito en la compra de vivienda. Una vez que las familias han visto cerrada su posibilidad de acceso a la vivienda por esta vía, a los sectores especuladores sólo les queda detraer de las rentas del trabajo la liquidez que ahora les es tan difícil de conseguir tras depredar la mayor parte de los recursos del país, y ello a base de seguir especulando con un derecho básico como es el de la vivienda.

Con todo, lo más sangrante de esta Reforma de Ley y donde muestra más a las claras su insensibilidad social en una situación económica como la actual, es el DESAHUCIO EXPRESS, tal como ha sido llamado en algunos círculos jurídicos. Con él se apuntalan las prerrogativas de los arrendadores a costa de una importante merma de los derechos de las personas inquilinas:

– El desahucio se efectúa una vez abiertas diligencias por impago de alquiler en el plazo de 10 días.

– El inquilino sólo puede contraer un mes (con la normativa anterior dos meses) de deuda por el alquiler. Si paga antes de la celebración del juicio, se reactiva automáticamente el contrato de alquiler, pero la segunda vez que vuelva a impagar, será demandado y desahuciado aunque pretenda saldar la deuda.

Este acortamiento del plazo a diez días que el inquilino tiene para satisfacer la deuda desde el momento en que se abren las diligencias judiciales, el mismo en que se procede al desahucio en caso de no poder hacerlo, ha sido denunciado, además, por sectores jurídicos, por poner en peligro la propia seguridad jurídica del proceso: la indefensión a que puede dar lugar para una de las partes, la del inquilino, ante situaciones, por ejemplo, como el “acoso inmobiliario”; figura que aún carece, precisamente, de tipificación alguna en el Código Penal.

Si el objetivo de esta Reforma de Ley es sacar al mercado de alquilermás de tres millones de pisos vacíos, según estimación recogida en el mismo Decreto, lo hace en realidad añadiendo más opacidad y oportunidades para especular con un bien de primera necesidad y un derecho como es la vivienda. En vez de penalizar fiscalmente a los propietarios de viviendas vacías, que sería la vía de solucionar realmente del problema, hace todo lo contrario, haciendo recaer las consecuencias de lo que se presenta a las claras como unadesregularización del mercado de alquiler sobre la parte más débil del mismo, las personas inquilinas, causándolas un grave perjuicio. BANKIA, actualmente la primera inmobiliaria del país, y otras entidades financieras que han sido también nacionalizadas, tienen con esta Reforma de Ley un nuevo instrumento a su servicio para enjugar las cuentas de sus accionistas. Sin embargo, el gobierno tendría capacidad jurídica, además de toda la legitimidad, de obligarlas a que destinaran su parque de viviendas a un régimen de alquiler social, paliandoy devolviendo a la sociedad siquiera una parte de la enorme cantidad de recursos públicos que están siendo necesarios para su rescate.

El grupo de trabajo Inquilinas Indignadas, además de sumarse a la lucha y movilización contra este Proyecto de Ley, se plantea entre sus objetivos la dignificación del alquiler, la defensa de los derechos de las personas inquilinas y del DERECHO A LA VIVIENDA en general, lo que pasa necesariamente, y más en las actuales circunstancias de precariedad social y económica, por la reivindicación del ALQUILER SOCIAL para todas aquellas personas que lo necesitena través de la creación de un parque de vivienda pública destinado a este fin. Pero, más aún, somos conscientes de que la actual situación de la vivienda no es sólo resultado de unos condicionantes económicos que hayan podido afectarnos a corto plazo, sino que tiene hondas raíces en la propia estructura económica del estado español e incluso, lo que quizá sea más revelador, en una mentalidad tradicionalista y conservadora que, con intereses políticos de por medio, ha privilegiado la vivienda en propiedad sobre la opción del alquiler. La herencia de una sociedad bajo el libre mercado, pero en la que estaban ausentes las libertades, ha propiciado un tipo de capitalismo sin frenos basado en la sumisión y en la aquiescencia de una ciudadanía -si es que se la puede llamar así – clientelar, ignorante de sus derechos y que ha interesado permaneciera despolitizada. El “bienestar” se ha fundado en una sola y única vía: en el acceso privado a unos bienes que, como la vivienda, por ser de primera necesidad, debería haber sido objeto de protección social y fomento público, pero que, por el contrario, se ha convertido en un valor refugio para los escasos ahorros de grandes sectores de una población atenazada por la inseguridad económica y la vulneración de sus derechos. El permanente encarecimiento de la vivienda tiene aquí su raíz, afectando, aún más si cabe, al alquiler, convertido en reducto de insumisos ante esta situación impuesta o en única alternativa, pese a sus precios siempre inasequibles, para aquellos sectores sociales más desprotegidos y con menor poder adquisitivo, de forma que no resulta casual que una sucesión de leyes haya acabado por sumir en una condición de indefensión a las personas inquilinas; reverso de la misma moneda o chantaje de un capitalismo casposo y fundamentalmente basado en la especulación. Frente a ello, se impone una discusión de fondo que revise los modelos urbanístico y de propiedad vigentes, proponiendo alternativas como las que en países de nuestro entorno hacen que el alquiler sea la forma más extendida de acceso a la vivienda; tal serían, por ejemplo, el gravamen sobre viviendas vacías e incluso, llegado el caso, su expropiación, el establecimiento de un canon que fijara el alquiler a precios asequibleso la municipalización del suelo.

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